Internacional


El día 6 de julio ha concluido el plazo de consulta pública dado por la Comisión Europea relativo a la solución de controversias inversor-Estado (ISDS en sus siglas en inglés) que constituye una pieza fundamental del acuerdo transatlántico de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), actualmente en su cuarta ronda de negociaciones.

Tanto la Confederación Europea de Sindicatos como la mayoría de confederaciones sindicales nacionales, entre ellas la USO, han mostrado su rechazo tanto al formato de la consulta como al fondo de la misma. Ahora la cuestión clave es saber lo que hará la Comisión finalmente.

De prosperar las intenciones de la Comisión Europea, los derechos económicos de los inversionistas estarían garantizados por encima de las leyes nacionales y de las decisiones democráticas de los parlamentos, incluido el europeo. De esta forma se pondrían en jaque nuestras democracias.

En su respuesta formal a la consulta, la CES señala además otros perjuicios, como el hecho de que el ISDS establece un sistema de protección judicial que sólo estaría disponible para los inversores extranjeros. Por definición, este sistema otorgaría beneficios adicionales a las empresas extranjeras que no se les concede a las empresas nacionales. Esto obviamente discriminaría a las empresas nacionales.

La Secretaría de Acción Internacional de USO ha advertido de la enorme repercusión de la decisión de la Comisión Europea, porque además de aplicarse al partenariado transatlántico entre la UE y EEUU, la protección a los inversionistas fuera del marco legal de los Estados previsiblemente será utilizada también en otros tratados de libre comercio como el que se debe ratificar con Canadá (CETA), o el acuerdo global de Comercio de Servicios (TISA) que se negocia actualmente entre 50 países.